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    Jurisdicción contencioso-administrativa

    Test de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) con respuestas

    305 preguntas tipo test de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cada una con su respuesta explicada y el artículo exacto del BOE.

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    Test de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)

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    Test de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) por títulos

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    Preguntas de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) con respuesta

    Una selección por títulos. Despliega cada pregunta para ver la respuesta y el artículo.

    Título I: Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo

    1.¿En qué supuesto conocerán los Juzgados y Tribunales contencioso-administrativos de las pretensiones relativas a los Decretos legislativos?

    1. a) Únicamente si son aprobados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas
    2. b) Cuando su contenido sea impugnado por una Administración pública
    3. c) Cuando excedan los límites de la delegación legislativa
    4. d) Siempre que sean disposiciones generales de rango inferior a la Ley
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    Respuesta: c) Cuando excedan los límites de la delegación legislativa

    El artículo 1.1 de la Ley 29/1998 indica que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones relacionadas con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

    Artículo 1

    2.Según la Ley 29/1998, ¿cuál de las siguientes se considera Administración pública a efectos de esta Ley?

    1. a) Los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales en su actividad administrativa y de gestión interna, aunque sus actos sean fiscalizables
    2. b) Las Entidades de Derecho público que sean exclusivamente dependientes del Estado o de las Comunidades Autónomas, excluyendo cualquier vinculación
    3. c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales
    4. d) Las Entidades de Derecho privado que, aunque gestionen servicios públicos esenciales por delegación, no tienen naturaleza pública directa
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales

    Según el artículo 1.2.d de la Ley 29/1998, se entenderán por Administraciones públicas las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

    Artículo 1

    3.Según el artículo 1.3.a, ¿qué tipo de actos y disposiciones de los órganos del Congreso de los Diputados son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa?

    1. a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público
    2. b) Todas las actuaciones adoptadas por los órganos competentes del Congreso de los Diputados
    3. c) Únicamente los actos y disposiciones en materia de personal y administración, sin incluir la gestión patrimonial
    4. d) Los actos de carácter legislativo o parlamentario que afecten a derechos fundamentales
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público

    El artículo 1.3.a de la Ley 29/1998 establece que conocerán de los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, entre otros.

    Artículo 1

    4.¿Ante qué órdenes jurisdiccionales no pueden ser demandadas las Administraciones públicas por responsabilidad patrimonial, según la Ley 29/1998?

    1. a) Ante el orden jurisdiccional penal o civil
    2. b) Ante el orden jurisdiccional penal o social
    3. c) Ante los órdenes jurisdiccionales civil o social
    4. d) Ante el orden jurisdiccional civil o militar
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    Respuesta: c) Ante los órdenes jurisdiccionales civil o social

    El artículo 2.e) de la Ley 29/1998 establece que las Administraciones públicas no pueden ser demandadas por responsabilidad patrimonial ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.

    Artículo 2

    5.¿Qué aspectos de los contratos conoce el orden jurisdiccional contencioso-administrativo según el Artículo 2 de la Ley 29/1998?

    1. a) Los contratos administrativos y los contratos privados de las Administraciones públicas
    2. b) Solo los actos de preparación y adjudicación de todos los contratos públicos, sin incluir los contratos administrativos ya formalizados
    3. c) Únicamente los contratos administrativos, excluyendo los actos de preparación y adjudicación de otros contratos
    4. d) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las AAPP
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    Respuesta: d) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las AAPP

    Según el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

    Artículo 2

    6.Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, los recursos directos o indirectos contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva a:

    1. a) El Tribunal Supremo
    2. b) El Tribunal Constitucional
    3. c) Los Tribunales Superiores de Justicia
    4. d) La Audiencia Nacional
    Ver respuesta

    Respuesta: b) El Tribunal Constitucional

    Según el artículo 3.d) de la Ley 29/1998, dichos recursos corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

    Artículo 3

    7.Según el artículo 3.a) de la Ley 29/1998, las cuestiones que NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo son aquellas:

    1. a) Expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal o social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública
    2. b) Atribuidas a los órdenes civil, penal o social, únicamente si no afectan a la Administración pública
    3. c) Expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal o social, si la Administración pública no es parte
    4. d) Atribuidas a los órdenes civil, penal o social, siempre que no estén relacionadas con la Administración pública
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal o social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública

    El artículo 3.a) de la Ley 29/1998 establece que no corresponden al orden contencioso-administrativo las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.

    Artículo 3

    8.Según el artículo 4.1 de la Ley 29/1998, ¿qué tipo de cuestiones prejudiciales e incidentales no se extienden a la competencia contencioso-administrativa?

    1. a) Las de carácter social, administrativo y las previstas en leyes orgánicas
    2. b) Las de carácter civil, laboral y las reguladas por normas reglamentarias
    3. c) Las de carácter constitucional, penal y las dispuestas en Tratados internacionales
    4. d) Las de carácter mercantil, tributario y las establecidas en convenios
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Las de carácter constitucional, penal y las dispuestas en Tratados internacionales

    El artículo 4.1 establece que la competencia contencioso-administrativa se extiende a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

    Artículo 4

    9.¿Qué efectos produce la decisión que se pronuncie sobre una cuestión prejudicial o incidental en el proceso contencioso-administrativo?

    1. a) Producirá efectos tanto dentro como fuera del proceso y vinculará al orden jurisdiccional
    2. b) Producirá efectos únicamente dentro del proceso, pero sí vinculará al orden jurisdiccional correspondiente
    3. c) No producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente
    4. d) Producirá efectos fuera del proceso, aunque no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente
    Ver respuesta

    Respuesta: c) No producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente

    Según el artículo 4.2, la decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.

    Artículo 4

    10.¿Qué cualidad esencial posee la Jurisdicción Contencioso-administrativa según la Ley 29/1998?

    1. a) Es prorrogable en supuestos excepcionales
    2. b) Es prorrogable con autorización judicial
    3. c) Es prorrogable por decisión de las partes
    4. d) Es improrrogable por disposición legal
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Es improrrogable por disposición legal

    El artículo 5.1 de la Ley 29/1998 establece que la Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.

    Artículo 5

    Título II: Las partes

    1.Según el artículo 18 de la Ley 29/1998, ¿en qué caso tienen capacidad procesal los menores de edad ante el orden contencioso-administrativo?

    1. a) Cuando la actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la patria potestad
    2. b) En todos los casos en que sean titulares de derechos e intereses legítimos, con independencia de la asistencia
    3. c) Únicamente para la defensa de derechos fundamentales, sin requerir asistencia de la persona que ejerza la tutela
    4. d) Para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, siempre que cuenten con la asistencia de sus representantes legales
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Cuando la actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la patria potestad

    El artículo 18 establece que los menores tienen capacidad procesal para la defensa de aquellos derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia.

    Artículo 18

    2.Conforme al artículo 18 de la Ley 29/1998, ¿cuándo tendrán capacidad procesal los grupos de afectados o uniones sin personalidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

    1. a) Siempre que sean aptos para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de estructuras formales
    2. b) Cuando un reglamento lo establezca, siempre que no estén integrados en las estructuras formales de personas jurídicas
    3. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente para ser titulares de derechos y obligaciones
    4. d) En todos los casos en que representen intereses colectivos, sin necesidad de declaración legal expresa
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Cuando la Ley así lo declare expresamente para ser titulares de derechos y obligaciones

    El artículo 18 indica que los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes tendrán capacidad procesal cuando la Ley así lo declare expresamente.

    Artículo 18

    3.Según la Ley 29/1998, ¿qué requisito es indispensable para que las Entidades locales territoriales impugnen actos de las Administraciones del Estado?

    1. a) Que dichos actos afecten directamente al ámbito de su autonomía
    2. b) Que las Entidades locales acrediten un derecho o interés legítimo de carácter individual
    3. c) Que los actos provengan de Organismos públicos vinculados a la Administración del Estado
    4. d) Que se haya declarado previamente la lesividad de tales actos para el interés público
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    Respuesta: a) Que dichos actos afecten directamente al ámbito de su autonomía

    El artículo 19.1.e) de la Ley 29/1998 establece que las Entidades locales territoriales están legitimadas para impugnar actos que afecten al ámbito de su autonomía.

    Artículo 19

    4.¿En qué supuesto pueden las Administraciones públicas interponer recurso contencioso-administrativo sin necesidad de declaración de lesividad?

    1. a) Cuando actúen en defensa de derechos e intereses legítimos colectivos
    2. b) Cuando recurran decisiones de órganos de contratación en materia de recursos especiales
    3. c) Cuando impugnen actos de otras Administraciones públicas que afecten a su autonomía
    4. d) Cuando impugnen sus propios actos que sean nulos de pleno derecho
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    Respuesta: b) Cuando recurran decisiones de órganos de contratación en materia de recursos especiales

    El artículo 19.4 de la Ley 29/1998 indica que las Administraciones públicas pueden recurrir decisiones de órganos de contratación en materia de recursos especiales "sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad".

    Artículo 19

    5.En los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio, ¿quién ostenta la legitimación para actuar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?

    1. a) Los sindicatos, en relación con sus afiliados, siempre que cuenten con su autorización
    2. b) La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con autorización de la persona afectada
    3. c) La persona acosada, siendo la única legitimada para interponer la acción judicial
    4. d) Las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa de los derechos humanos
    Ver respuesta

    Respuesta: c) La persona acosada, siendo la única legitimada para interponer la acción judicial

    El artículo 19.1.i) de la Ley 29/1998 establece que "La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio".

    Artículo 19

    6.Según la Ley 29/1998, ¿cuándo pueden los órganos de una Administración interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la misma Administración?

    1. a) Si la actividad afecta directamente a sus competencias
    2. b) Cuando una Ley lo autorice expresamente
    3. c) Siempre que el recurso sea aprobado por el órgano superior
    4. d) Nunca, pues están impedidos por su propia naturaleza
    Ver respuesta

    Respuesta: b) Cuando una Ley lo autorice expresamente

    El artículo 20.a) de la Ley 29/1998 establece que los órganos de una Administración no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la misma, 'salvo que una Ley lo autorice expresamente'.

    Artículo 20

    7.¿Cuál de las siguientes Entidades de Derecho público tiene prohibido interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la Administración de la que depende?

    1. a) Las que hayan sido creadas por una norma de rango reglamentario
    2. b) Las que cuenten con un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración
    3. c) Las que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales
    4. d) Las que actúen como meros agentes o mandatarios de la Administración
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Las que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales

    El artículo 20.c) de la Ley 29/1998 prohíbe interponer recurso a 'Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan'.

    Artículo 20

    8.De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 29/1998, ¿qué papel desempeñan las aseguradoras de las Administraciones públicas en un recurso contencioso-administrativo?

    1. a) Podrán ser parte demandada si así lo solicita expresamente la Administración asegurada
    2. b) Siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren
    3. c) Tendrán la consideración de parte demandada solo si el recurso afecta directamente a su póliza
    4. d) No serán parte demandada, sino que actuarán como meros intervinientes en el proceso
    Ver respuesta

    Respuesta: b) Siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren

    El artículo 21.1.c establece que las aseguradoras de las Administraciones públicas "siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren".

    Artículo 21

    9.Según el artículo 21.2 de la Ley 29/1998, en el caso de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, ¿cuándo se considera Administración demandada a la que ejerce la fiscalización?

    1. a) Si mediante la fiscalización no se aprueba íntegramente el acto o disposición
    2. b) Cuando el Organismo o Corporación autores del acto no tengan personalidad jurídica propia
    3. c) Si el resultado de la fiscalización es plenamente aprobatorio del acto o disposición
    4. d) Siempre que el recurso se interponga contra una inactividad de la Administración fiscalizadora
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Si mediante la fiscalización no se aprueba íntegramente el acto o disposición

    El artículo 21.2.b de la Ley 29/1998 establece que la Administración que ejerza la fiscalización se considera demandada "si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición".

    Artículo 21

    10.Conforme al artículo 21.3 de la Ley 29/1998, en los recursos contra decisiones de órganos que resuelven recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación, ¿quiénes son parte demandada?

    1. a) Los propios órganos administrativos que adoptaron las decisiones recurridas, en todo caso
    2. b) Las entidades que hayan presentado la reclamación o el recurso especial en primera instancia
    3. c) La Administración pública a la que estén adscritos los órganos resolutores de los recursos
    4. d) Las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto

    El artículo 21.3 de la Ley 29/1998 establece que los órganos que resuelven los recursos especiales y reclamaciones "no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto".

    Artículo 21

    Título III: Objeto del recurso contencioso-administrativo

    1.Conforme al artículo 25, ¿qué otras actuaciones de la Administración son recurribles en la jurisdicción contencioso-administrativa?

    1. a) Las resoluciones que sean meros dictámenes o informes no vinculantes que no pongan fin a la vía administrativa
    2. b) La inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho
    3. c) Los actos de trámite que no decidan el fondo del asunto, ni produzcan indefensión, ni tampoco causen un perjuicio irreparable
    4. d) Los actos preparatorios que no pongan fin a la vía administrativa ni decidan el fondo del asunto
    Ver respuesta

    Respuesta: b) La inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho

    El artículo 25.2 de la Ley 29/1998 establece que también es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

    Artículo 25

    2.¿En qué supuesto es admisible el recurso contencioso-administrativo contra un acto de trámite de la Administración?

    1. a) Si es definitivo y pone fin a la vía administrativa
    2. b) Si decide directa o indirectamente el fondo del asunto
    3. c) Si causa un perjuicio económico al recurrente
    4. d) Si ha sido expreso y ha sido recurrido en alzada o reposición
    Ver respuesta

    Respuesta: b) Si decide directa o indirectamente el fondo del asunto

    Según el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, un acto de trámite es recurrible si decide directa o indirectamente el fondo del asunto, entre otras condiciones.

    Artículo 25

    3.Según el artículo 26 de la Ley 29/1998, ¿cuál es el fundamento para impugnar los actos que se produzcan en aplicación de disposiciones de carácter general?

    1. a) Que tales disposiciones no son conformes a Derecho
    2. b) Que el acto de aplicación excede las competencias del órgano
    3. c) Que el acto de aplicación vulnera principios constitucionales
    4. d) Que la disposición general carece de la debida publicación oficial
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Que tales disposiciones no son conformes a Derecho

    Según el artículo 26.1 de la Ley 29/1998, la impugnación de los actos de aplicación se funda en que las disposiciones de carácter general no son conformes a Derecho.

    Artículo 26

    4.Conforme al artículo 26.2 de la Ley 29/1998, ¿qué sucede si se desestima un recurso directo contra una disposición general?

    1. a) No impide impugnar los actos de aplicación fundados en la disconformidad a Derecho de la disposición
    2. b) La disposición general adquiere firmeza y no puede ser cuestionada indirectamente
    3. c) Impide cualquier impugnación posterior de los actos dictados en su aplicación directa
    4. d) Solo permite impugnar los actos de aplicación si se alegan vicios de forma del acto
    Ver respuesta

    Respuesta: a) No impide impugnar los actos de aplicación fundados en la disconformidad a Derecho de la disposición

    El artículo 26.2 de la Ley 29/1998 establece que la desestimación del recurso interpuesto frente a una disposición general no impide la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en su disconformidad a Derecho.

    Artículo 26

    5.Según el artículo 27.3 de la Ley 29/1998, ¿qué Tribunal anulará directamente cualquier disposición general sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad?

    1. a) El Tribunal Supremo, cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma en cualquier grado
    2. b) El Tribunal Superior de Justicia, si la disposición general es de ámbito autonómico y conoce del recurso directo contra ella
    3. c) El Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo que sea competente para conocer del recurso directo contra la disposición
    4. d) Cualquier Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo cuando dicte sentencia firme estimatoria por ilegalidad de la disposición
    Ver respuesta

    Respuesta: a) El Tribunal Supremo, cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma en cualquier grado

    Según el artículo 27.3 de la Ley 29/1998, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma, sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad.

    Artículo 27

    6.Según el artículo 28 de la Ley 29/1998, ¿en qué caso no es admisible el recurso contencioso-administrativo?

    1. a) Respecto de actos que sean confirmatorios de otros anteriores anulables o nulos
    2. b) Respecto de actos que sean confirmatorios de actos consentidos por haber sido recurridos en plazo
    3. c) Respecto de actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes
    4. d) Respecto de actos que sean reproducción de otros anteriores provisionales y no firmes
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Respecto de actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes

    Según el artículo 28 de la Ley 29/1998, no es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.

    Artículo 28

    7.¿Qué plazo tiene la Administración para cumplir una prestación o llegar a un acuerdo tras una reclamación, según el artículo 29.1?

    1. a) Un mes desde la fecha de la reclamación
    2. b) Seis meses desde la fecha de la reclamación
    3. c) Dos meses desde la fecha de la reclamación
    4. d) Tres meses desde la fecha de la reclamación
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Tres meses desde la fecha de la reclamación

    Según el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no cumple o no llega a un acuerdo, se puede deducir recurso.

    Artículo 29

    8.Según el artículo 29.2, si la Administración no ejecuta sus actos firmes, ¿cuál es el plazo desde la petición para formular recurso y qué procedimiento se aplica?

    1. a) Un mes, tramitándose por el procedimiento abreviado
    2. b) Tres meses, tramitándose por el procedimiento ordinario
    3. c) Seis meses, tramitándose por el procedimiento abreviado
    4. d) Un mes, tramitándose por el procedimiento ordinario
    Ver respuesta

    Respuesta: a) Un mes, tramitándose por el procedimiento abreviado

    El artículo 29.2 establece que si la ejecución no se produce en el plazo de un mes desde la petición, los solicitantes pueden formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado.

    Artículo 29

    9.¿Cuál es el plazo para que la Administración atienda el requerimiento por vía de hecho antes de poder interponerse recurso contencioso-administrativo directo?

    1. a) Veinte días desde la intimación de cesación
    2. b) Quince días siguientes a la presentación del requerimiento
    3. c) Diez días siguientes a la presentación del requerimiento
    4. d) Un mes desde la formulación del requerimiento
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Diez días siguientes a la presentación del requerimiento

    Según el artículo 30 de la Ley 29/1998, si la intimación no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, se podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

    Artículo 30

    10.Según el artículo 31.1 de la Ley 29/1998, ¿qué puede pretender el demandante respecto a los actos y disposiciones susceptibles de impugnación?

    1. a) El reconocimiento de su nulidad radical y la adopción de medidas cautelares urgentes
    2. b) La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, su anulación
    3. c) La revisión de oficio de su validez y el restablecimiento de la situación previa
    4. d) La declaración de su ilegalidad y la compensación por los daños y perjuicios
    Ver respuesta

    Respuesta: b) La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, su anulación

    El artículo 31.1 de la Ley 29/1998 establece que el demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones impugnables.

    Artículo 31

    Título IV: Procedimiento contencioso-administrativo

    1.¿Qué requisito previo debe cumplir la Administración para demandar la anulación de un acto propio ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

    1. a) Publicar la intención de anulación en el boletín oficial
    2. b) Solicitar un informe preceptivo al Consejo de Estado
    3. c) Obtener la autorización del órgano superior jerárquico
    4. d) Declararlo lesivo para el interés público
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Declararlo lesivo para el interés público

    Según el artículo 43 de la Ley 29/1998, la Administración autora de un acto debe, previamente a demandar su anulación, declararlo lesivo para el interés público.

    Artículo 43

    2.Según la Ley 29/1998, ¿en qué plazo debe una Administración dirigir un requerimiento previo a otra antes de recurrirla contencioso-administrativamente?

    1. a) En el plazo de un mes, desde la publicación o el conocimiento del acto o inactividad
    2. b) En el plazo de dos meses, desde la publicación o el conocimiento del acto o inactividad
    3. c) En el plazo de quince días, desde la publicación o el conocimiento del acto o inactividad
    4. d) En el plazo de tres meses, desde la publicación o el conocimiento del acto o inactividad
    Ver respuesta

    Respuesta: b) En el plazo de dos meses, desde la publicación o el conocimiento del acto o inactividad

    El artículo 44.2 establece que el requerimiento "deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad".

    Artículo 44

    3.¿Cómo se inicia el recurso contencioso-administrativo, salvo que la Ley disponga otra cosa?

    1. a) Por medio de una demanda detallada que razone la disconformidad a Derecho
    2. b) A través de una comparecencia oral ante el Secretario judicial
    3. c) Mediante un escrito reducido a citar el objeto impugnado y solicitar su interposición
    4. d) Con la presentación de todos los documentos acreditativos de la legitimación
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Mediante un escrito reducido a citar el objeto impugnado y solicitar su interposición

    Según el artículo 45.1 de la Ley 29/1998, el recurso se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

    Artículo 45

    4.Si el Secretario judicial requiere la subsanación de documentos por ser incompletos, ¿qué plazo se concede al recurrente para llevarla a efecto?

    1. a) Un plazo improrrogable de quince días naturales
    2. b) Un plazo de cinco días hábiles desde el requerimiento
    3. c) Un plazo de diez días para que el recurrente pueda subsanar
    4. d) El plazo que determine el Juez o Tribunal en cada caso
    Ver respuesta

    Respuesta: c) Un plazo de diez días para que el recurrente pueda subsanar

    El artículo 45.3 de la Ley 29/1998 establece que el Secretario judicial requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto.

    Artículo 45

    5.En el recurso de lesividad, ¿qué documentos deben acompañarse a la demanda en todo caso, además de los que procedan del apartado 2.a) y 2.d)?

    1. a) Únicamente la declaración de lesividad y el informe jurídico preceptivo
    2. b) La declaración de lesividad y la copia del acto expreso recurrido
    3. c) La declaración de lesividad y el expediente administrativo completo
    4. d) El expediente administrativo y el documento que acredite la representación
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    Respuesta: c) La declaración de lesividad y el expediente administrativo completo

    El artículo 45.4 de la Ley 29/1998 indica que a la demanda del recurso de lesividad se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artículo.

    Artículo 45

    6.Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso de lesividad?

    1. a) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la declaración de lesividad
    2. b) Diez días, a contar desde el día siguiente a la declaración de lesividad
    3. c) Veinte días, a contar desde el día siguiente a la declaración de lesividad
    4. d) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la declaración de lesividad
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    Respuesta: a) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la declaración de lesividad

    El artículo 46.5 de la Ley 29/1998 establece que el plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

    Artículo 46

    7.Según la Ley 29/1998, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto?

    1. a) Veinte días, desde el inicio de la actuación en vía de hecho
    2. b) Diez días, desde la terminación del plazo de requerimiento
    3. c) Seis meses, a contar desde el día siguiente a su producción
    4. d) Dos meses, a contar desde el día siguiente a su producción
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    Respuesta: c) Seis meses, a contar desde el día siguiente a su producción

    Según el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, si el acto no fuera expreso, el plazo para interponer el recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

    Artículo 46

    8.Si el recurso contencioso-administrativo se dirige contra una actuación en vía de hecho y no hubo requerimiento, ¿cuál es el plazo para interponerlo?

    1. a) Dos meses, a contar desde el día siguiente al inicio de la actuación
    2. b) Veinte días, a contar desde el día en que se inició la actuación en vía de hecho
    3. c) Diez días, a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de requerimiento
    4. d) Seis meses, a contar desde el día siguiente al inicio de la actuación
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    Respuesta: b) Veinte días, a contar desde el día en que se inició la actuación en vía de hecho

    Conforme al artículo 46.3 de la Ley 29/1998, si no hubiere requerimiento previo contra una actuación en vía de hecho, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa.

    Artículo 46

    9.Según el artículo 47.1 de la Ley 29/1998, ¿quién acordará el anuncio de la interposición del recurso y en qué momento?

    1. a) El Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de tres días hábiles desde la solicitud del recurrente
    2. b) El Secretario judicial, en el siguiente día hábil una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3
    3. c) El órgano competente para la publicación, una vez recibida la solicitud del recurrente
    4. d) La Administración, en el mismo día de la interposición del recurso si lo estima conveniente
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    Respuesta: b) El Secretario judicial, en el siguiente día hábil una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3

    Según el artículo 47.1, el Secretario judicial en el siguiente día hábil acordará el anuncio de la interposición del recurso, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3.

    Artículo 47

    10.Conforme al artículo 47.1 de la Ley 29/1998, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la publicación del anuncio de interposición del recurso es correcta?

    1. a) La publicación se realizará solo si la solicita el recurrente, y su coste será asumido por el órgano competente
    2. b) La publicación del anuncio es siempre acordada de oficio por el Secretario judicial y costeada por la Administración
    3. c) El Secretario judicial acordará la publicación si lo solicita el recurrente o de oficio, siendo costeada por el recurrente
    4. d) El anuncio es obligatorio en todos los casos y su coste recae sobre el órgano autor de la actividad administrativa
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    Respuesta: c) El Secretario judicial acordará la publicación si lo solicita el recurrente o de oficio, siendo costeada por el recurrente

    El artículo 47.1 establece que el Secretario judicial acordará la publicación si lo solicita el recurrente o de oficio, y que esta será costeada por el recurrente.

    Artículo 47

    Título V: Procedimientos especiales

    1.Según el artículo 114 de la Ley 29/1998, ¿qué normas rigen el procedimiento de amparo judicial de libertades y derechos?

    1. a) Lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto, las normas generales de la presente Ley
    2. b) La Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su defecto, las normas de este capítulo
    3. c) Las normas generales de la presente Ley y, subsidiariamente, lo previsto en este capítulo
    4. d) Exclusivamente lo dispuesto en este capítulo, sin aplicación de otras normas
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    Respuesta: a) Lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto, las normas generales de la presente Ley

    Según el artículo 114.1 de la Ley 29/1998, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

    Artículo 114

    2.Según el artículo 114.2 de la Ley 29/1998, ¿qué pretensiones pueden hacerse valer en el procedimiento de amparo judicial de libertades y derechos?

    1. a) Las referidas en los artículos 31 y 32, si buscan restablecer o preservar los derechos o libertades
    2. b) Únicamente las referidas en el artículo 31, siempre que afecten a derechos fundamentales
    3. c) Las que tengan por objeto la anulación de cualquier acto administrativo lesivo
    4. d) Cualquier pretensión que el recurrente estime vinculada a la vulneración de un derecho
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    Respuesta: a) Las referidas en los artículos 31 y 32, si buscan restablecer o preservar los derechos o libertades

    El artículo 114.2 establece que podrán hacerse valer las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades.

    Artículo 114

    3.Según el artículo 115.1 de la Ley 29/1998, el plazo general para interponer el recurso y su cómputo es de:

    1. a) Diez días, desde el día siguiente a la notificación del acto
    2. b) Veinte días, desde la publicación de la disposición impugnada
    3. c) Diez días, desde el mismo día de la notificación del acto
    4. d) Quince días, desde el día siguiente a la notificación del acto
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    Respuesta: a) Diez días, desde el día siguiente a la notificación del acto

    El artículo 115.1 establece que el plazo será de diez días, que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto o publicación de la disposición.

    Artículo 115

    4.Conforme al artículo 115.1 de la Ley 29/1998, el plazo de diez días para interponer el recurso se iniciará transcurridos veinte días desde:

    1. a) La notificación del acto administrativo
    2. b) El requerimiento para el cese de la vía de hecho
    3. c) La presentación de un recurso administrativo potestativo
    4. d) La publicación de la disposición impugnada
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    Respuesta: c) La presentación de un recurso administrativo potestativo

    El artículo 115.1 indica que, si se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación de dicho recurso.

    Artículo 115

    5.¿En qué plazo máximo debe el órgano administrativo remitir el expediente desde la recepción del requerimiento del letrado de la Administración de Justicia?

    1. a) Cinco días
    2. b) Diez días
    3. c) Quince días
    4. d) Tres días hábiles
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    Respuesta: a) Cinco días

    Según el artículo 116.1 de la Ley 29/1998, el órgano administrativo debe remitir el expediente en el plazo máximo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento.

    Artículo 116

    6.¿Quién comunica a los interesados la interposición del recurso y qué plazo tienen para comparecer como demandados?

    1. a) El letrado de la Administración de Justicia, cinco días
    2. b) El letrado de la Administración de Justicia, diez días
    3. c) El órgano administrativo, quince días
    4. d) El órgano administrativo, cinco días
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    Respuesta: d) El órgano administrativo, cinco días

    El artículo 116.2 establece que el órgano administrativo comunicará a los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer en el plazo de cinco días.

    Artículo 116

    7.Si el expediente administrativo se recibe fuera de plazo en el Juzgado o Sala, ¿qué actuación debe realizar el letrado de la Administración de Justicia?

    1. a) Lo entregará a las partes por cuarenta y ocho horas para alegaciones, sin alterar el curso del procedimiento
    2. b) Lo devolverá al órgano administrativo para que lo remita correctamente, suspendiendo el plazo
    3. c) Lo pondrá de manifiesto a las partes por tres días para alegaciones, suspendiendo el curso del procedimiento
    4. d) Lo entregará a las partes por cinco días para alegaciones, alterando el curso del procedimiento
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    Respuesta: a) Lo entregará a las partes por cuarenta y ocho horas para alegaciones, sin alterar el curso del procedimiento

    El artículo 116.5 indica que el letrado de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas para alegaciones, sin alteración del curso del procedimiento.

    Artículo 116

    8.Una vez recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión, ¿qué actuación inicial corresponde al Secretario judicial?

    1. a) Dar cuenta al Tribunal si estima que no procede la admisión del recurso
    2. b) Dictar auto acordando la inadmisión por inadecuación del procedimiento
    3. c) Convocar a las partes a una comparecencia antes de cinco días
    4. d) Dictar decreto mandando seguir las actuaciones al día siguiente
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Dictar decreto mandando seguir las actuaciones al día siguiente

    Según el artículo 117.1 de la Ley 29/1998, el Secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones.

    Artículo 117

    9.En caso de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, ¿quién convoca a la comparecencia y en qué plazo debe celebrarse?

    1. a) El Secretario judicial, en el plazo de tres días
    2. b) El Tribunal, dentro del plazo de diez días
    3. c) El órgano jurisdiccional, en el siguiente día hábil
    4. d) El Secretario judicial, antes de transcurrir cinco días
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    Respuesta: d) El Secretario judicial, antes de transcurrir cinco días

    El artículo 117.2 de la Ley 29/1998 establece que el Secretario judicial convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días.

    Artículo 117

    10.Una vez acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, ¿qué plazo improrrogable tiene el recurrente para formalizar la demanda y acompañar los documentos?

    1. a) Cinco días
    2. b) Ocho días
    3. c) Diez días
    4. d) Quince días
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    Respuesta: b) Ocho días

    Según el artículo 118 de la Ley 29/1998, el recurrente dispone de un plazo improrrogable de ocho días para formalizar la demanda y acompañar los documentos.

    Artículo 118

    Título VI: Disposiciones comunes a los Títulos IV y V

    1.De acuerdo con el artículo 128.2 de la Ley 29/1998, durante el mes de agosto:

    1. a) Tendrá carácter de hábil exclusivamente para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales
    2. b) No correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo, sin excepciones
    3. c) No correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, pero sí para el resto de plazos
    4. d) Correrán todos los plazos, salvo que el órgano jurisdiccional decida su suspensión por causas justificadas
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    Respuesta: a) Tendrá carácter de hábil exclusivamente para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales

    El artículo 128.2 indica que el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, en el que tendrá carácter de hábil.

    Artículo 128

    2.Conforme al artículo 128.1 de la Ley 29/1998, un escrito presentado fuera de plazo será admitido y producirá efectos legales si:

    1. a) Se presenta el día siguiente a la notificación de la resolución, siempre que no sea para interponer recursos
    2. b) El Secretario judicial lo permite expresamente, valorando la justificación de la demora
    3. c) Se presenta dentro del día en que se notifique la resolución, incluso para interponer recursos
    4. d) Se presenta dentro del día en que se notifique la resolución, excepto si es para preparar o interponer recursos
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    Respuesta: d) Se presenta dentro del día en que se notifique la resolución, excepto si es para preparar o interponer recursos

    El artículo 128.1 establece que se admitirá el escrito que proceda si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.

    Artículo 128

    3.¿En qué momento debe solicitarse la suspensión de la vigencia de preceptos impugnados de una disposición general?

    1. a) En cualquier estado del proceso, al igual que el resto de las medidas
    2. b) Tras la fase de prueba o en el trámite de conclusiones
    3. c) Después de la admisión de la demanda por el órgano competente
    4. d) En el escrito de interposición del recurso o en el de demanda
    Ver respuesta

    Respuesta: d) En el escrito de interposición del recurso o en el de demanda

    Según el artículo 129.2 de la Ley 29/1998, si se solicita la suspensión de la vigencia de preceptos impugnados de una disposición general, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

    Artículo 129

    4.De acuerdo con la Ley 29/1998, ¿en qué supuesto podrá acordarse una medida cautelar?

    1. a) Únicamente si se demuestra la imposibilidad de reparar el daño por otros medios
    2. b) Cuando se aprecie una apariencia de buen derecho en la pretensión formulada por el recurrente
    3. c) Si la aplicación de la disposición causara un grave perjuicio económico al recurrente
    4. d) Cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso

    Según el artículo 130.1 de la Ley 29/1998, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.

    Artículo 130

    5.Según la Ley 29/1998, ¿cuándo podrá denegarse una medida cautelar?

    1. a) Si la medida solicitada pudiera afectar gravemente a la seguridad jurídica de la actuación
    2. b) Cuando el Juez o Tribunal estime que no existe un riesgo inminente de perjuicio
    3. c) Si su concesión generara un desequilibrio económico significativo para la Administración
    4. d) Cuando de su adopción se siguiera una perturbación grave de los intereses generales o de tercero
    Ver respuesta

    Respuesta: d) Cuando de su adopción se siguiera una perturbación grave de los intereses generales o de tercero

    Conforme al artículo 130.2 de la Ley 29/1998, la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

    Artículo 130

    6.¿Cuál es el plazo máximo que el Secretario judicial ordenará para la audiencia de la parte contraria en el incidente cautelar?

    1. a) Cinco días
    2. b) Diez días
    3. c) Quince días
    4. d) Veinte días
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    Respuesta: b) Diez días

    Según el artículo 131 de la Ley 29/1998, el Secretario judicial ordenará la audiencia de la parte contraria por un plazo que no excederá de diez días.

    Artículo 131

    7.¿Hasta cuándo estarán en vigor las medidas cautelares acordadas en un procedimiento contencioso-administrativo?

    1. a) Se mantienen hasta la primera sentencia, pudiendo ser prorrogadas por el Tribunal en caso de recurso
    2. b) Están en vigor hasta que la parte demandada solicite su alzamiento y sea aceptado por el Juez o Tribunal
    3. c) Tienen una vigencia máxima de un año, salvo que el órgano judicial decida su levantamiento anticipado
    4. d) Permanecen en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento o este finalice por otras causas
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    Respuesta: d) Permanecen en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento o este finalice por otras causas

    Según el artículo 132.1 de la Ley 29/1998, las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento o hasta que este finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley.

    Artículo 132

    8.Conforme al artículo 132 de la Ley 29/1998, ¿en qué circunstancia SÍ podrán ser modificadas o revocadas las medidas cautelares durante el procedimiento?

    1. a) En razón de los avances que se hagan respecto al análisis de las cuestiones de fondo del debate
    2. b) Si cambian las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado inicialmente
    3. c) Cuando se produzca una variación en la composición del órgano judicial que las acordó
    4. d) Por la modificación de los criterios de valoración del órgano judicial al decidir el incidente
    Ver respuesta

    Respuesta: b) Si cambian las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado inicialmente

    El artículo 132.1 de la Ley 29/1998 establece que las medidas cautelares podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.

    Artículo 132

    9.¿En qué momento se llevará a efecto la medida cautelar acordada que exige caución o garantía?

    1. a) Cuando la caución esté constituida y acreditada, o se cumplan las medidas para evitar perjuicios
    2. b) Tan pronto como la caución o garantía quede constituida y debidamente acreditada en autos
    3. c) Una vez que el órgano jurisdiccional lo autorice expresamente, tras la constitución de la garantía
    4. d) Desde el momento de su acuerdo, siempre que no se oponga la Administración afectada
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    Respuesta: a) Cuando la caución esté constituida y acreditada, o se cumplan las medidas para evitar perjuicios

    Según el artículo 133.2 de la Ley 29/1998, la medida cautelar no se llevará a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios.

    Artículo 133

    10.¿Cuál es el plazo para solicitar la indemnización por los daños sufridos tras el levantamiento de una medida cautelar?

    1. a) Dentro de los seis meses siguientes a la fecha del alzamiento
    2. b) En el plazo de tres meses desde que la medida cautelar se levantó
    3. c) Antes de que transcurran dos años desde el alzamiento de la medida
    4. d) Dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento
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    Respuesta: d) Dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento

    Según el artículo 133.3 de la Ley 29/1998, la solicitud de indemnización debe formularse dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento de la medida.

    Artículo 133

    Todos los artículos de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)

    Texto consolidado de cada artículo con sus preguntas de test.

    Test de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa): preguntas frecuentes

    ¿Qué entra en el test de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)?

    305 preguntas tipo test redactadas a partir de los artículos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según el texto consolidado del BOE (actualizado a enero de 2025). Cada pregunta indica el artículo del que sale y enlaza al BOE.

    ¿Cuántos artículos y títulos tiene la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)?

    La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa tiene 141 artículos en vigor organizados en 6 títulos: Título I (Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo), art. 1 a 17; Título II (Las partes), art. 18 a 24; Título III (Objeto del recurso contencioso-administrativo), art. 25 a 42; Título IV (Procedimiento contencioso-administrativo), art. 43 a 113; Título V (Procedimientos especiales), art. 114 a 127 quinquies; Título VI (Disposiciones comunes a los Títulos IV y V), art. 128 a 139.

    ¿Cómo se comprueban las preguntas?

    Una segunda revisión independiente responde cada pregunta usando solo el texto del artículo; si no coincide con la respuesta correcta o la pregunta es ambigua, se descarta. Aun así, contrasta siempre con el texto oficial.

    ¿En qué oposiciones cae esta ley?

    La Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) forma parte del temario común de muchas oposiciones de administración general (auxiliar administrativo, administrativo, gestión, ayuntamientos y comunidades autónomas). Comprueba siempre las bases de tu convocatoria.