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    Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) · Título III · Capítulo IV

    Artículo 42 de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)

    Texto consolidado (última actualización en el BOE: 4 de noviembre de 2009) · 3 preguntas de test

    Lo que preguntan del art. 42

    • Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la Administración denegó totalmente sus pretensiones en vía administrativa, la cuantía vendrá determinada: → por el valor económico total del objeto de la reclamación
    • Para fijar el valor económico de la pretensión, si el demandante solicita solamente la anulación del acto, se considera el débito principal, excluyendo recargos y costas, salvo que: → cualquiera de los recargos, costas o responsabilidades sea de importe superior al débito principal
    • Según el artículo 42.2 de la Ley 29/1998, se reputarán de cuantía indeterminada los recursos que se refieran a los funcionarios públicos cuando: → no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica

    Texto del art. 42

    1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:

    a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

    b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:

    Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

    Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

    2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración.

    También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.

    Ver en el BOE
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    Test del art. 42 de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)

    Piensa tu respuesta y despliégala para comprobarla.

    1.Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la Administración denegó totalmente sus pretensiones en vía administrativa, la cuantía vendrá determinada:

    1. a) por el valor económico total del objeto de la reclamación
    2. b) por el contenido económico del acto, considerando solo el débito principal
    3. c) por el débito principal, sin incluir recargos ni costas
    4. d) por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el acto que motivó el recurso
    Ver respuesta

    Respuesta: a) por el valor económico total del objeto de la reclamación

    El artículo 42.1.b.Primero de la Ley 29/1998 establece que la cuantía vendrá determinada por el valor económico total del objeto de la reclamación si la Administración pública hubiere denegado totalmente las pretensiones.

    2.Para fijar el valor económico de la pretensión, si el demandante solicita solamente la anulación del acto, se considera el débito principal, excluyendo recargos y costas, salvo que:

    1. a) cualquiera de los recargos, costas o responsabilidades sea de importe superior al débito principal
    2. b) la suma total de los recargos, las costas y cualquier otra responsabilidad exceda el contenido económico global del acto
    3. c) la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante
    4. d) el débito principal sea de importe superior al valor individual de los recargos, las costas o las responsabilidades
    Ver respuesta

    Respuesta: a) cualquiera de los recargos, costas o responsabilidades sea de importe superior al débito principal

    Según el artículo 42.1.a de la Ley 29/1998, se atenderá al débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

    3.Según el artículo 42.2 de la Ley 29/1998, se reputarán de cuantía indeterminada los recursos que se refieran a los funcionarios públicos cuando:

    1. a) versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica
    2. b) se acumulen a pretensiones evaluables económicamente
    3. c) impugnen directamente disposiciones generales de su ámbito
    4. d) no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica
    Ver respuesta

    Respuesta: d) no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica

    El artículo 42.2 de la Ley 29/1998 indica que se reputarán de cuantía indeterminada los recursos que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica.

    Test del Título III: Objeto del recurso contencioso-administrativoTodas las preguntas de este título de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)

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    Texto reproducido del BOE (las disposiciones normativas no están sujetas a derechos de autor, art. 13 LPI). Las preguntas se redactan a partir del artículo y se verifican con una segunda revisión; ante cualquier duda, prevalece el texto oficial.