Glosario de ayudas sociales 2026

Indicador económico que el Estado utiliza como referencia para calcular los umbrales de renta de la mayoría de prestaciones, ayudas y bonificaciones públicas. Se actualiza cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sustituyó al SMI en 2004 a estos efectos para evitar que las subidas del salario mínimo arrastraran automáticamente los umbrales asistenciales. Existen tres versiones: mensual (multiplicada por 12 o 14 según convocatoria), anual a 12 pagas y anual a 14 pagas.

Cantidad mínima legal que debe percibir un trabajador por cuenta ajena por una jornada completa, fijada cada año por Real Decreto del Gobierno tras consulta a sindicatos y patronal. Aunque dejó de ser referencia para ayudas en 2004 (sustituido por el IPREM), sigue siendo umbral implícito en prestaciones contributivas, requisitos de extranjería y permisos de residencia, y en algunos baremos de pensión de orfandad y RAI.

Cantidad sobre la que se calcula el porcentaje de una pensión contributiva (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente). Resulta del promedio de bases de cotización del trabajador durante un periodo determinado por ley (los últimos 25 años para jubilación en 2026, en transición progresiva). En la prestación contributiva por desempleo el promedio se calcula sobre los últimos 180 días cotizados. Cualquier error en cotizaciones afecta directamente a la base.

Persona inscrita activamente en el servicio público de empleo de su Comunidad Autónoma (SEPE, SEF, SOC, Lanbide…) buscando trabajo. La inscripción es gratuita y obligatoria para acceder a la mayoría de prestaciones por desempleo, RAI, IMV (si no se trabaja), Garantía Juvenil y muchas RMIs autonómicas. Hay que renovar cada 90 días. Cualquier baja en la inscripción reinicia el cómputo de "tiempo continuado" exigido por la RAI.

Régimen de la Seguridad Social al que están afiliados los trabajadores por cuenta propia (autónomos). Tiene reglas propias de cotización, prestaciones y bonificaciones. La cotización mensual depende del tramo de rendimiento neto declarado (sistema progresivo desde 2023). Da acceso a baja por enfermedad, jubilación contributiva, cese de actividad y otras prestaciones, aunque con menos cobertura que el régimen general.

Acuerdo escrito que firma el beneficiario de prestaciones por desempleo, RAI o RMI con el servicio público de empleo, comprometiéndose a buscar activamente empleo, aceptar ofertas razonables de trabajo, participar en acciones formativas y mantener actualizada su demanda. El incumplimiento sin causa justificada genera suspensión o extinción de la prestación.

Bonificación autonómica que reduce la cuota de Seguridad Social del autónomo a 0 € durante un periodo. La aplican algunas CCAA (Madrid, Andalucía, Murcia, etc.) sobre la tarifa plana estatal: el autónomo cobra la diferencia. No se aplica de forma automática en todas las regiones — hay que solicitarla expresamente al inicio de la actividad y cumplir requisitos de edad y zona.

Conjunto de personas que residen en la misma vivienda y están vinculadas por matrimonio, pareja de hecho registrada, parentesco hasta segundo grado, adopción, acogimiento o tutela. La definición exacta depende de cada prestación: para el IMV exige al menos 6 meses de convivencia previa; para la RMI varía según CCAA. Es la base para calcular ingresos y patrimonio agregados al hogar a efectos de umbrales.

Complemento adicional que se reconoce a beneficiarios de prestaciones de invalidez (Pensión No Contributiva o Incapacidad Permanente) cuyo grado de discapacidad les impide realizar actos esenciales de la vida diaria sin ayuda de otra persona. Se requiere acreditación mediante baremo específico. Suma aproximadamente 218 €/mes adicionales a la prestación base en 2026.

Componente del Ingreso Mínimo Vital introducido en 2022 que paga una cantidad mensual adicional por cada menor a cargo en el hogar. Cuantías 2026: 115 €/mes por menor de 3 años, 80,50 €/mes entre 3 y 6 años, 57,50 €/mes entre 6 y 18 años. Se asigna automáticamente con el IMV y también pueden acceder hogares con renta baja que no llegan al IMV completo pero cumplen los nuevos umbrales del CAPI.

Situación del huérfano que no tiene cónyuge supérstite con derecho a pensión de viudedad ni otros familiares con derecho a pensión derivada del fallecido. Eleva el porcentaje de la pensión de orfandad del 20% al 52%-70% de la base reguladora del fallecido, repartido entre los huérfanos. No requiere haber perdido a ambos progenitores: basta con que no quede nadie con derecho a viudedad.

Unión estable entre dos personas que conviven análogamente al matrimonio sin haberlo formalizado civilmente. Para acceder a la pensión de viudedad de la pareja de hecho debe estar inscrita en el registro autonómico de parejas con al menos 2 años de antelación al fallecimiento, acreditar 5 años de convivencia ininterrumpida en padrón, e ingresos del superviviente inferiores al 50% (25% si hay hijos comunes) del conjunto del último año. Cada CCAA tiene su registro propio con requisitos ligeramente distintos.

Registro público y centralizado de todas las convocatorias y concesiones de subvenciones de las administraciones públicas españolas, regulado por la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Lo gestiona la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Toda subvención debe publicarse en BDNS antes de su convocatoria efectiva. Las prestaciones estructurales permanentes (IMV, paro, pensiones) NO aparecen en BDNS — son derechos subjetivos sin convocatoria.

Programa europeo Next Generation EU que financia subvenciones específicas en España hasta 2026. En la BDNS se etiqueta como "MRR" o "Next Generation EU". Aporta presupuesto para Bono Alquiler Joven, Kit Digital, programas Garantía Juvenil, ayudas a la rehabilitación de vivienda, autonómicas de digitalización y muchas otras. Su característica clave: presupuesto cerrado y plazo finito (los fondos no son recurrentes).

Efecto legal cuando la Administración no resuelve una solicitud en el plazo legalmente establecido. En la mayoría de prestaciones sociales (IMV, pensión no contributiva, RMI, dependencia), el silencio es desestimatorio: se considera denegada y abre el plazo de recurso. En contadas excepciones (algunas ayudas autonómicas) puede ser positivo. Importante: aunque el silencio sea negativo, conviene esperar la resolución expresa o presentar reclamación previa.

Prestación económica financiada con impuestos generales (no con cotizaciones a la Seguridad Social) y dirigida a personas en situación de necesidad económica. Acceso por requisitos de renta y residencia, no por cotización previa. Ejemplos: IMV, RAI, Pensión No Contributiva (de jubilación o invalidez), subsidio por desempleo (mixta). Suelen tener cuantías inferiores a las contributivas y son incompatibles entre sí en su mayoría.

Prestación financiada con las cotizaciones del trabajador y la empresa a la Seguridad Social, cuya cuantía depende de las bases de cotización. Ejemplos: paro contributivo, pensión de jubilación contributiva, viudedad, orfandad, incapacidad permanente. Generalmente tienen cuantías superiores a las no contributivas y son compatibles entre sí cuando cubren contingencias distintas.

Aportación económica pública vinculada a un fin concreto y justificable. El beneficiario debe acreditar que el dinero se gastó en el destino previsto (factura, justificante, memoria). Si no, debe devolverlo. Caso opuesto: las prestaciones de libre disposición (IMV, RMI, pensiones), donde el beneficiario gasta como considere. La mayoría de ayudas BDNS son finalistas; las prestaciones estructurales no.

Impuesto anual que grava la renta global de las personas físicas residentes en España. Lo gestiona la Agencia Tributaria. Para acreditar requisitos de renta en prestaciones sociales se utiliza la última declaración del IRPF presentada (o el certificado de imputaciones si no estás obligado a declarar). Para el IMV y la mayoría de ayudas, se computa la "renta disponible" del hogar tal como aparece en el IRPF, descontando ciertos rendimientos exentos.

Suma del valor de todos los bienes y derechos de una persona o unidad de convivencia menos sus deudas y obligaciones a una fecha determinada. Para el IMV el límite 2026 es de 16.917 € para una persona sola, incrementado por miembros adicionales del hogar. No se computa la vivienda habitual hasta cierto valor catastral. Se acredita con certificado de bienes inmuebles del Catastro y declaración de bienes/cuentas bancarias.