Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa) · Título III · Capítulo II
Artículo 32 de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)
Texto consolidado (última actualización en el BOE: 14 de julio de 1998) · 1 pregunta de test
Lo que preguntan del art. 32
- En un recurso dirigido contra la inactividad de la Administración pública, ¿qué puede pretender el demandante del órgano jurisdiccional? → Que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos establecidos
Texto del art. 32
1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.
Test del art. 32 de la Ley 29/1998 (Contencioso-administrativa)
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1.En un recurso dirigido contra la inactividad de la Administración pública, ¿qué puede pretender el demandante del órgano jurisdiccional?
- a) Que se ordene a la Administración que inicie un nuevo procedimiento para cumplir sus obligaciones
- b) Que se declare contraria a Derecho la inactividad y se ordene su cese inmediato
- c) Que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos establecidos
- d) Que se adopten las medidas previstas en el artículo 31.2 para subsanar la inactividad
Ver respuesta
Respuesta: c) Que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos establecidos
Según el artículo 32.1 de la Ley 29/1998, el demandante puede pretender que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
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Texto reproducido del BOE (las disposiciones normativas no están sujetas a derechos de autor, art. 13 LPI). Las preguntas se redactan a partir del artículo y se verifican con una segunda revisión; ante cualquier duda, prevalece el texto oficial.