Ley 39/2015 · Título IV · Capítulo VII
Artículo 100 de la Ley 39/2015
Medios de ejecución forzosa
Texto consolidado (última actualización en el BOE: 2 de octubre de 2015) · 1 pregunta de test
Lo que preguntan del art. 100
- Para que las Administraciones Públicas puedan entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización de su titular, ¿qué se requiere? → El consentimiento del titular o, en su defecto, autorización judicial
Texto del art. 100
1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Ejecución subsidiaria.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsión sobre las personas.
2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.
3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Test del art. 100 de la Ley 39/2015
Piensa tu respuesta y despliégala para comprobarla.
1.Para que las Administraciones Públicas puedan entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización de su titular, ¿qué se requiere?
- a) Un informe favorable de la Abogacía del Estado o de la asesoría jurídica
- b) La declaración de urgencia por el órgano competente para la ejecución
- c) La previa comunicación al interesado y un plazo de alegaciones
- d) El consentimiento del titular o, en su defecto, autorización judicial
Ver respuesta
Respuesta: d) El consentimiento del titular o, en su defecto, autorización judicial
El artículo 100.3 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del titular o, en su defecto, la oportuna autorización judicial para entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización.
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Texto reproducido del BOE (las disposiciones normativas no están sujetas a derechos de autor, art. 13 LPI). Las preguntas se redactan a partir del artículo y se verifican con una segunda revisión; ante cualquier duda, prevalece el texto oficial.